¿OPOSICION REFLEXIVA?
Por: Víctor Julio García Rodríguez
Cuando las Asambleas Departamentales o los Concejos Municipales, ejercen el control político, sobre el gobierno y la administración son catalogadas como enemigas de la administración departamental o municipal, y en el peor de los casos que esta obstaculizando el progreso de la entidad territorial.
Al tenor del articulo 133 de la constitución política de Colombia, “los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, deberán actuar consultando la justicia y el bien común”; así mismo, el articulo 112 constitucional expresa que “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al gobierno, podrán ejercer libremente la función critica frente a este y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizaran los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, el uso de los medios de comunicación social del Estado y el derecho a la replica en los mismos medios de comunicación”. El articulo 114 ibidem, preceptúa que el congreso le compete ejercer el control político sobre el gobierno y la administración y por analogía también es competencia de las restantes corporaciones públicas de elección popular ejercer este control político sobre los gobernadores y alcaldes.
Interpretando los tres artículos constitucionales, queda claro que a las Asambleas Departamentales y a los Concejos municipales, les compete ejercer el control político en sus jurisdicciones con el propósito de controvertir, criticar, evaluar y tomar los correctivos necesarios, para que los mandatarios seccionales no abusen de su poder y cumplan con sus funciones y competencias de acuerdo con los fines esenciales del Estado, y garantizar la eficiente prestación de todos los servicios públicos.
Cuando no se ejerce este control político, sencillamente los gobernadores y los alcaldes, manejan el presupuesto publico como plata de tienda o de bolsillo, porque su gestión no se ajusta al plan de desarrollo ni a las directrices del estatuto orgánico de presupuesto, mucho menos al estatuto de la contratación estatal; es decir, todo se hace con improvisación y todo lo improvisado resulta mal tanto para la administración como para los intereses del pueblo; además los servidores públicos deben actuar conforme a la ley y consultando siempre el interés general sobre los personales.
Es deber del concejo aprobar toda iniciativa del gobierno municipal cuando esta se sujete a la normatividad vigente y se proteja los intereses la comunidad; caso contrario, debe rechazar estas improvisaciones para no despilfarrar los recursos del Estado, porque para eso fueron elegidos,..¡Para defender los intereses del pueblo!
NOTICIERO DEL LLANO.
25 DE AGOSTO DE 2005.
Por: Víctor Julio García Rodríguez
Cuando las Asambleas Departamentales o los Concejos Municipales, ejercen el control político, sobre el gobierno y la administración son catalogadas como enemigas de la administración departamental o municipal, y en el peor de los casos que esta obstaculizando el progreso de la entidad territorial.
Al tenor del articulo 133 de la constitución política de Colombia, “los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, deberán actuar consultando la justicia y el bien común”; así mismo, el articulo 112 constitucional expresa que “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al gobierno, podrán ejercer libremente la función critica frente a este y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizaran los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, el uso de los medios de comunicación social del Estado y el derecho a la replica en los mismos medios de comunicación”. El articulo 114 ibidem, preceptúa que el congreso le compete ejercer el control político sobre el gobierno y la administración y por analogía también es competencia de las restantes corporaciones públicas de elección popular ejercer este control político sobre los gobernadores y alcaldes.
Interpretando los tres artículos constitucionales, queda claro que a las Asambleas Departamentales y a los Concejos municipales, les compete ejercer el control político en sus jurisdicciones con el propósito de controvertir, criticar, evaluar y tomar los correctivos necesarios, para que los mandatarios seccionales no abusen de su poder y cumplan con sus funciones y competencias de acuerdo con los fines esenciales del Estado, y garantizar la eficiente prestación de todos los servicios públicos.
Cuando no se ejerce este control político, sencillamente los gobernadores y los alcaldes, manejan el presupuesto publico como plata de tienda o de bolsillo, porque su gestión no se ajusta al plan de desarrollo ni a las directrices del estatuto orgánico de presupuesto, mucho menos al estatuto de la contratación estatal; es decir, todo se hace con improvisación y todo lo improvisado resulta mal tanto para la administración como para los intereses del pueblo; además los servidores públicos deben actuar conforme a la ley y consultando siempre el interés general sobre los personales.
Es deber del concejo aprobar toda iniciativa del gobierno municipal cuando esta se sujete a la normatividad vigente y se proteja los intereses la comunidad; caso contrario, debe rechazar estas improvisaciones para no despilfarrar los recursos del Estado, porque para eso fueron elegidos,..¡Para defender los intereses del pueblo!
NOTICIERO DEL LLANO.
25 DE AGOSTO DE 2005.

No hay comentarios:
Publicar un comentario